Víctor Fernández, secretario estatal del sector minero de FIA-UGT ha visitado Peñarroya-Pueblonuevo y se ha reunido con afiliados y trabajadores de Encasur. En esa reunión se abordó la situación de los 38 trabajadores que no se podrán prejubilar en el 2012 y serán trasladados a Puertollano (Ciudad Real).
En una rueda de prensa junto a Antonio Risco, responsable local de minería de UGT, habló de la puesta en funcionamiento del nuevo plan del carbón que dará ayudas a las empresas carboníferas por quemar carbón autóctono, pues serán unos diez millones de toneladas de carbón español los que se quemarán cuando se apruebe en Bruselas en dos semanas.
Fernández adelantó que "estamos negociando que las ayudas del Miner continúen hasta el 2020".

Europa retrasa la decisión sobre las ayudas al carbón

• Se quieren prolongar los subsidios para evitar el impacto de cerrar las minas
• Se necesita "más tiempo para que los comisarios lleguen a un acuerdo"

La prolongación de ciertos subsidios a la industria del carbón no se ha discutido en la reunión semanal de la Comisión Europea, que se celebró a primeros de julio en Estrasburgo (Francia), al considerar que "todavía tiene que estudiarse más".
El Ejecutivo comunitario anunció el viernes día 9 su intención de tomar una decisión sobre este asunto, que afecta al noroeste y al sur de España entre otras regiones mineras, pero fuentes comunitarias explicaron que "se necesita más tiempo" para que los comisarios lleguen a un acuerdo sobre el texto final.
Según uno de los últimos borradores elaborado por los servicios del comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, el actual reglamento sobre ayudas estatales a la industria del carbón, que expira el próximo 31 de diciembre, sería sustituido por otro que permitiría a los estados seguir concediendo subsidios hasta finales de 2022.
El argumento defendido en el texto para la prolongación de los subsidios es evitar el "significativo impacto" que tendría el eventual cierre de las minas sobre los mercados de trabajo de las regiones afectadas, entre las que cita la cuenca del Ruhr en Alemania, el noroeste de España y el valle de Jiu en Rumanía, donde se podrían perder "hasta 100.000 empleos".
Las fuentes consultadas declinaron señalar los puntos del documento que generan más divergencias en el Ejecutivo comunitario y aseguraron que los cambios de agenda "ocurren mil veces con mil temas".
Sin embargo, los portavoces de Acción por el Clima y Medio Ambiente reconocieron la semana pasada que los comisarios Connie Hedegaard y Janez Potocnik no ven con buenos ojos una medida que, a su juicio, contradice la ambición europea de promover una economía más verde.
El borrador de propuesta elaborado por el equipo de Almunia también ha recibido críticas fuera de la Comisión Europea, entre ellas la del europarlamentario verde luxemburgués Claude Turmes, quien hace dos semanas acusó al comisario de falta de independencia ante los intereses españoles.
En principio, la propuesta de reglamento sobre ayudas estatales a la industria hullera no regresará a la agenda de la Comisión Europea hasta el próximo 20 de julio, para evitar discutirla en ausencia del comisario Almunia, que la próxima semana viajará a Estados Unidos para entrevistarse con las autoridades de la Competencia locales.
Por otro lado, la Comisión Europea también tiene pendiente de aprobar el régimen de ayudas que el Gobierno español desea poner en marcha para incentivar la utilización de carbón nacional en la generación eléctrica.
El programa fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero pero está en espera a que reciba el visto bueno de la Comisión Europea.
Fuentes comunitarias explicaron que el Ejecutivo comunitario probablemente debatirá el tema en la misma reunión del 20 de julio, en la que determinará si estos subsidios son compatibles con la legislación europea de ayudas de estado y no suponen una distorsión de la competencia.
En este sentido, la organización ecologista WWF presentó ayer una queja formal contra España ante la Comisión Europea en la que denuncia este régimen de ayudas, por considerar que "distorsiona significativamente la competencia en los mercados del gas y de la electricidad".
"El aumento del apoyo al carbón español, al exigir unas cantidades mínimas para quema, llevaría a un mayor deterioro del cumplimiento de los compromisos españoles en el marco del Protocolo de Kyoto y la legislación europea correspondiente", dice el comunicado enviado por WWF